Seguramente no, pero del mismo modo que ellos se empeñan en controlarla y utilizarla para su beneficio, yo estoy en mi derecho de criticarles y mostrar mi rechazo a algunas de las cosas que, por el presunto bien de los ciudadanos, quieren manejar. Me refiero a estas dos noticias publicadas ayer en la prensa y referidas a la intromisión que unos y otros quieren hacer en los medios, mejor dicho, en los medios televisivos, porque todavía nadie ha sugerido «controlar» a la prensa o las emisoras de radio.

Por una parte, tenemos el anuncio por parte de Ramón Jaúregui de la creación de un Consejo Audiovisual que controle los desmanes televisivos que, según él, están afectando negativamente a la sociedad. Algunas de las afirmaciones del ministro no tienen desperdicio:

Habla de la transmisión de «valores devaluados de convivencia» y «climas de crispación y enfrentamiento». Como si ellos, los políticos, no fomentaran esto mismo cada vez que se ponen delante de un micrófono sin que podamos cambiarlos de un plumazo con la misma facilidad con que cambiamos de canal o apagamos la televisión.

Habla también de la «banalización del espacio público, con la presentación de «determinados personajes de escaso mérito como modelos sociales». Y no, seguro que no se está refiriendo a Belén Estéban y compañía… o quizá sí, por eso de que las encuestas le dan muchos votos caso de presentarse a las elecciones y confesarse votante del Partido Popular.

Cuando se refiere a la «dejación en directo de la dignidad y el respeto a la que todos tenemos derecho» y la «entronización de falsos valores» que atentan sobre los principios democráticos ya me pierdo. ¿Eso primero no son delitos que están en el código civil o en el penal? ¿No debería el ministro, si está tan preocupado por la vulneración de estos derechos, denunciarlos ante las autoridades competentes o instar a que actúen de oficio? Me parece tremendo que un ministro diga que en televisión se cometen delitos constantemente y que, para solucionarlo, sólo se le ocurra crear un organismo de control ¿para qué están los jueces entonces? Me recuerda sospechosamente a otra polémica que estos días está de plena actualidad.

Por último, afirma su preocupación por «la agresividad, la descalificación y el enfrentamiento como parte del espectáculo, como condición de la audiencia», obviando nuevamente que parte de esos adjetivos provienen del clima político que entre unos y otros están creando y que es fundamental que, desde los representantes de las instituciones, se de ejemplo de cordura y espíritu constructivo para que los medios y la sociedad reflejen esa capacidad de mesura.

Lo peor de estas declaraciones y la creación de un elemento censor de lo que ocurre en televisión es la inevitable arbitrariedad con la que se acabará actuando y las palabras absolutamente carentes de contenido que lanzan sus promotores, que no ponen ejemplos claros y nos hacen sospechar lo peor. Es evidente que hay crispación y agresividad en televisión, desde Sálvame hasta Intereconomía, pasando por cualquiera de las tertulias deportivas ¿censurarán a todos de la misma manera? ¿o considerarán a unos más legitimados que otros o más inofensivos? ¿Es agresivo un espectador por ver soflamas de cualquier tipo en televisión o porque es un descerebrado que no se sabe controlar? ¿Es más agresivo o carente de valores alguien que sale en televisión hoy día que el José María García de los 80, el Carlos Pumares de sus buenos tiempos o quienes acusan a los internautas de ladrones y terroristas?

Opiniones, tantas como culos, todos tenemos una y por eso los medios no pueden estar controlados por nada que no sea la ley, castigando lo que sea un delito e incluso endureciendo las penas para que algunas actitudes no compensen económicamente. Cualquier otro intento de control será simplemente censura.

Otra de las perlas políticas de la jornada de ayer era Paulino Rivero, Presidente de la Comunidad Canaria, garantizando por decreto que el partido Tenerife-Las Palmas podrá verse en abierto en las islas, independientemente de que los derechos los tenga una televisión de pago. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé. ¿Es esto legal? No lo parece. ¿Cómo acabará la historia? Cualquiera sabe. Lo que está claro es que, como bien dice Carlos Martínez, esto podría sentar un importante precedente en el que cada comunidad autónoma decretara la obligatoriedad de emitir en abierto aquellos partidos que jueguen los equipos locales. ¿Un gasto más para las ya de por sí apenadas arcas de las autonomías o una obigatoriedad del canal de pago de turno de ceder la señal? La cosa se pone cada vez más divertida.